La situación en el Estado español

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El acceso a vivienda en España continúa marcado por la vieja política de promover la propiedad y el acceso mediante el endeudamiento de las familias. Este modelo ha resultado un fracaso, excesivamente sensible a los “vaivenes” económicos y solo sostenible para unos pocos. De hecho, cada vez más personas viven de alquiler y cada vez son más capas de población afectadas por la escasez de vivienda asequible. Esta situación responde a diversos factores, entre los cuales podemos destacar algunos: 

  • El precio del alquiler continua al alza en las principales ciudades. En Valencia, ha subido más de un 50% en los últimos años, superando ya valores previos a la crisis. De hecho, En España más de un cuarto de los arrendatarios, que suponen más de 2 millones de ciudadanos, han de hacer un sobreesfuerzo económico para pagar sus viviendas, quedando en verdadero riesgo de exclusión residencial.
  • La aparición de plataformas de alquiler turístico continúa interfiriendo en la oferta de viviendas en alquiler. Aunque es complicado saber su alcance, dichos apartamentos, ya suponen al menos tantos como la oferta de vivienda pública y social. Y en algunas zonas de las principales ciudades es particularmente dramático
  • La aparición de plataformas de alquiler turístico continúa interfiriendo en la oferta de viviendas en alquiler. Aunque es complicado saber su alcance, dichos apartamentos, ya suponen al menos tantos como la oferta de vivienda pública y social. Y en algunas zonas de las principales ciudades es particularmente dramático
  • Lotes de viviendas están siendo adquiridas por fondos locales y extranjeros de inversión, hogares con familias, con el único fin de seguir especulando con el derecho a vivienda.

La lucha por la vivienda también se juega en Europa

Por suerte, se vienen observando ciertos cambios en el último año que permiten vislumbrar algunos avances. La idea de que el mercado, por sí solo, puede garantizar de una forma amplia y estable el derecho a vivienda, cada vez tiene menos seguidores. No solo entre la sociedad civil y los movimientos sociales, también algunos gobiernos y entidades locales se muestran cada vez más interesadas en llevar adelante políticas sociales (y a veces transformadoras) en vivienda. Las oficinas antidesahucios son un ejemplo de ello, como también el aumento de las subvenciones públicas para afrontar el coste del alquiler, o la promoción de iniciativas tan necesarias como las cooperativas de vivienda en cesión de uso.  No obstante, las medidas son todavía muy tímidas, de alcance local, y la emergencia habitacional es muy grave y con muchas implicaciones globales; por lo que se requieren políticas de gran alcance. Las políticas de acceso a vivienda asequible necesitan importantes inversiones económicas y un planteamiento en el largo plazo para obtener resultados favorables (huyendo de las clásicas miradas cortoplacistas que tan solo buscan medidas electoralistas).

Por ello, aunque las luchas por la vivienda están en auge en nuestro territorio, se vuelve necesario ampliar horizonte y acercarlas también a Europa.  Necesitamos un marco jurídico y económico favorable en el que se puedan desarrollar las demandas que, desde la sociedad civil y los movimientos sociales se vienen reclamando a los poderes públicos.

Existe cierto contexto social y político favorable que, precisamente, requiere de este impulso jurídico y económico que persigue Housing for All. Propuestas como mejorar las vías de financiación para promotores y entidades de vivienda pública y social o la regulación de los pisos turísticos y los precios del alquiler, vendrían a articular los mecanismos legales y financieros necesarios  para favorecer este cambio de paradigma y paliar de una vez la enorme escasez de vivienda asequible que padecemos en nuestro país.

Luis Fernández Alonso

El Rogle Coop. V.

31. January 2020